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Derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia

La Unión Europea ha aprobado una Directiva sobre el derecho de los ciudadanos europeos a circular libremente y a residir en toda la Unión en la que se refunden todas las medidas dispersas en el complejo corpus legislativo que ha venido regulando hasta la fecha esta materia. Entre otras cosas, las nuevas medidas tienen por objeto facilitar el ejercicio del derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión, reducir a lo estrictamente necesario los trámites administrativos, ofrecer una mejor definición del estatuto de los miembros de la familia y limitar la posibilidad de denegar o poner fin a la residencia; e introducir un nuevo derecho de residencia permanente.

ACTO

Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

SÍNTESIS

La presente Directiva reúne en un único texto el complejo corpus legislativo vigente en materia de derecho de entrada y residencia de los ciudadanos de la Unión, ámbito que ha venido siendo regulado hasta la fecha por dos reglamentos y nueve directivas. Esta simplificación tiene por objeto beneficiar no sólo a los ciudadanos, sino también a las administraciones nacionales en la aplicación de dicho derechos. Además, la Directiva simplifica al máximo los trámites para el ejercicio del derecho de residencia de los ciudadanos de la UE y de sus familias.

Disposiciones generales

La presente Directiva tiene por objeto regular:

  • las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y de residencia de los ciudadanos de la UE * y de los miembros de sus familias *;
  • el derecho de residencia permanente;
  • la restricción de dichos derechos por razones de orden público, seguridad y salud pública.

Derecho de circulación y de residencia de hasta tres meses

Todo ciudadano de la Unión Europea que disponga de un documento de identidad o de un pasaporte válidos tiene derecho a desplazarse a otro Estado miembro. En ningún caso se le podrá exigir visado de entrada ni de salida. Si el ciudadano en cuestión no dispone de documento de viaje alguno, el Estado miembro anfitrión le dará todos los medios razonables al interesado para que pueda obtener o pueda hacerse mandar los documentos requeridos.

Los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de ningún Estado miembro se benefician del mismo derecho que el ciudadano del que vayan acompañados, pero podrán verse sujetos a la obligación de obtener un visados para residencias de breve duración de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 539/2001. Las tarjetas de residencia se considerarán equivalentes a los visados para residencias de breve duración.

Para residencias inferiores a tres meses, la única formalidad que se requiere de un ciudadano de la Unión es estar en posesión de un documento de identidad o de un pasaporte válidos. El Estado miembro anfitrión podrá pedir al interesado que dé parte de su presencia en su territorio en un plazo razonable y no discriminatorio.

Derecho de residencia de duración superior a tres meses

El derecho de residencia por un período superior a tres meses está sujeto a una de las siguientes condiciones:

  • ejercer una actividad económica por cuenta ajena o propia;
  • disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro anfitrión durante su período de residencia. A este respecto, los Estados miembros no podrán fijar el importe de los recursos que consideren suficientes, sino que tendrán que tener en cuenta la situación personal del interesado;
  • cursar estudios como estudiante y disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro anfitrión durante su período de residencia;
  • o ser miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que reúna alguna de las condiciones antedichas.

Se suprime el permiso de residencia para los ciudadanos de la Unión. No obstante, los Estados miembros podrán pedir al interesado que se registre ante las autoridades competentes en un plazo no inferior a los tres meses a partir de su llegada. El certificado de registro se expedirá con carácter inmediato previa presentación de la siguiente documentación:

  • un documento de identidad o un pasaporte válidos;
  • una prueba de que se cumplen los requisitos anteriormente mencionados (véanse en el artículo 8 de la Directiva las pruebas que pueden exigirse a cada categoría de ciudadanos). A los ciudadanos de la Unión que cursen estudios les bastará demostrar, mediante una declaración o cualquier otro medio a elección suya, que disponen de recursos suficientes para sí y para los miembros de su familia con el fin de evitar que se conviertan en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro anfitrión. Dicha declaración constituirá una prueba suficiente de que cumplen el requisito de recursos.

Los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de ningún Estado miembro deberán solicitar un «permiso de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión», que tendrá una validez de cinco años a partir de su expedición.

En determinadas condiciones, ni el fallecimiento, ni la salida del territorio del Estado miembro anfitrión del ciudadano de la Unión, ni el divorcio, ni la anulación del matrimonio, ni el fin de la unión registrada afectan al derecho de residencia de los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de ningún Estado miembro.

Derecho de residencia permanente

Todo ciudadano de la Unión obtiene el derecho de residencia permanente en el Estado miembro anfitrión tras haber residido legalmente en él durante un período ininterrumpido de cinco años a condición de que no haya sido objeto de ninguna medida de expulsión.
El derecho de residencia permanente deja de estar sujeto a cualquier tipo de condición. La misma norma rige para los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de ningún Estado miembro y que hayan residido durante cinco años con un ciudadano de la Unión. Una vez obtenido, el derecho de residencia permanente únicamente se pierde en caso de una ausencia del Estado miembro anfitrión superior a dos años consecutivos.

A los ciudadanos de la Unión que lo soliciten se expedirá un documento por el que se certificará su derecho de residencia permanente. A los miembros de su familia que sean ciudadanos de terceros países, los Estados miembros expedirán un permiso de residencia permanente de duración ilimitada y automáticamente renovable cada diez años. Este permiso se expedirá en un plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud. La continuidad de la residencia podrá probarse con cualquier medio de prueba usual en el Estado miembro anfitrión.

Disposiciones comunes al derecho de residencia y al derecho de residencia permanente

Todo ciudadano de la Unión titular del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente, así como los miembros de su familia, gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado anfitrión en el ámbito de aplicación del Tratado. No obstante, el Estado miembro anfitrión no estará obligado a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social durante los tres primeros meses de residencia a las personas que no sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y a los miembros de su familia. Con carácter previo a la concesión del derecho de residencia permanente, los Estados miembros tampoco estarán obligados a abonar asignaciones por estudios (incluidos también los estudios de formación profesional), en forma de becas o de préstamos a dichas personas. Independientemente de su nacionalidad, los miembros de la familia tendrán derecho a ejercer una actividad económica, por cuenta ajena o por cuenta propia.

Limitaciones del derecho de entrada y de residencia por razones de orden público, seguridad pública o sanidad

Todo ciudadano de la Unión o miembro de su familia podrá ser expulsado del territorio del Estado miembro anfitrión por razones de orden público, seguridad o sanidad. En ningún caso podrá tal decisión fundamentarse en razones económicas. Cualquier medida relativa a la libertad de circulación y residencia deberá respetar el principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La conducta personal del interesado deberá representar una amenaza suficientemente grave y real para algún interés fundamental del Estado anfitrión.

La existencia de condenas penales no podrá justificar automáticamente la expulsión. La caducidad del documento que haya permitido la entrada del interesado no es razón que justifique este tipo de medida.

En cualquier caso, antes de tomar una decisión de expulsión, el Estado miembro anfitrión deberá evaluar elementos tales como el tiempo de residencia del interesado, su edad, salud, integración social, situación familiar en el país anfitrión y sus vínculos con su país de origen. Únicamente en circunstancias excepcionales, cuando concurran razones de seguridad pública de carácter imperativo, debería adoptarse una medida de expulsión contra ciudadanos menores de la Unión o que hubieran residido durante los diez últimos años en el territorio del Estado miembro anfitrión.

Toda denegación de entrada o decisión de expulsión deberá ser notificada al interesado en unas condiciones que le permitan entender tanto el contenido como sus efectos, y habrá de justificarse e indicarse las vías de recurso y los plazos correspondientes. Salvo en caso de urgencia, el plazo para abandonar el territorio del Estado anfitrión no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de la notificación.

En ningún caso podrá prohibirse de por vida la entrada y residencia en el territorio del Estado anfitrión. El interesado podrá solicitar que se reconsidere su situación tras un período de tres años. Además, la presente Directiva incluye una serie de garantías procesales. Las personas afectadas tendrán acceso, en particular, a las vías jurisdiccionales de recurso y, si procede, administrativas en el Estado miembro anfitrión.

Disposiciones finales

Los Estados miembros podrán tomar las medidas que consideren necesarias para denegar, anular o retirar cualquier derecho otorgado en virtud de la presente Directiva en caso de abuso o fraude como, por ejemplo, en el caso de los matrimonios de complacencia.

La Directiva será aplicable sin perjuicio de las disposiciones nacionales legislativas, administrativas o reglamentarias más favorables.

Desde el 30 de abril del 2006 quedaron suprimidos los artículos 10 y 11 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 y las Directivas 64/221/CE, 68/360E, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. El Reglamento nº 635/2006 de la Comisión de 25 de abril de 2006 deroga, asimismo, el Reglamento nº 1251/70 en virtud de la sustitución de su contenido por las nuevas disposiciones de esta Directiva.

La Comisión ha derogado su Reglamento 1251/70 y lo sustituye por esta Directiva.

El 10 de diciembre de 2008, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo un Informe sobre la aplicación de la Directiva.

Términos clave del acto
  • Ciudadano de la Unión: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.
  • Miembro de la familia: el cónyuge; la pareja registrada si la legislación del Estado miembro anfitrión equipara la unión registrada al matrimonio; los descendientes directos menores de veintiún años o a cargo y los descendientes del cónyuge o pareja registrada; los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge o pareja registrada.

REFERENCIAS

Acto Entrada en vigor - Fecha de expiración Plazo de transposición en los Estados miembros Diario Oficial
Directiva 2004/38/CE

30.4.2004

29.4.2006

DO L 158 de 30.4.2004

ACTOS CONEXOS

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de julio de 2009, relativa a las Orientaciones para una mejor transposición y aplicación de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros [COM(2009) 313 final – No publicada en el Diario Oficial].
La presente Comunicación proporciona a los Estados miembros orientaciones para mejorar la aplicación de la Directiva 2004/38/CE.

Estas orientaciones aclaran los derechos de los ciudadanos y de sus familiares e informan a los Estados miembros de las medidas que pueden adoptar, en especial para luchar contra los abusos de derecho y los matrimonios fraudulentos.

Al objeto de garantizar una aplicación correcta de la Directiva 2004/38/CE, la Comisión se compromete a poner en marcha las siguientes iniciativas:

  • la actualización de una guía dirigida a los ciudadanos para que conozcan mejor sus derechos;
  • la organización de encuentros bilaterales con los Estados miembros.
Última modificación: 28.11.2009
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