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Orientaciones generales de las políticas económicas (1998)

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1) OBJETIVO

Garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y una convergencia constante de los resultados económicos de los Estados miembros y de la Comunidad.

2) ACTO

Recomendación del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad [Diario Oficial L 200 de 16.7.1998].

3) SÍNTESIS

Los tangibles resultados de la aplicación por los Estados miembros de políticas destinadas a alcanzar un elevado grado de convergencia económica permitieron al Consejo de la Unión determinar, el 3 de mayo de 1998, que 11 Estados miembros cumplían las condiciones necesarias para la adopción del euro. No obstante, los progresos realizados en materia de lucha contra el paro resultan insuficientes en varios Estados miembros.

A partir del verano de 1997 dio comienzo una recuperación cada vez más vigorosa con mínimos históricos en inflación. Las variables económicas fundamentales son sólidas y van mejorando constantemente, lo que permite presagiar un crecimiento sólido. Si la recuperación se consolida, podría producirse una ligera reducción del índice de desempleo hasta 1999.

En el ámbito macroeconómico, las grandes orientaciones confirman que la estrategia común debe seguir desarrollándose en torno a los tres ejes siguientes:

  • una política monetaria orientada a la estabilidad de los precios;
  • esfuerzos sostenidos para lograr y mantener una situación presupuestaria sana y coherente con el Pacto de estabilidad y crecimiento;
  • evolución de los salarios nominales coherente con el objetivo de estabilidad de precios; la evolución de los salarios reales habrá de ser coherente con los aumentos de productividad y deberá tener en cuenta la necesidad de fortalecer la rentabilidad de la inversión.

Cuanto más apoyada se vea la función de la política monetaria de mantener la estabilidad de precios mediante unas políticas presupuestarias y una evolución salarial adecuadas, más probable será que las condiciones monetarias propicien el crecimiento y el empleo.

La combinación global de políticas macroeconómicas de la zona del euro resultará básicamente de la interacción de la política monetaria única, por una parte, y de la evolución presupuestaria y salarial específica de los países participantes, por otra. Esta última se someterá a la vigilancia y coordinación más estrictas de las políticas económicas con el fin de alcanzar una combinación de políticas adecuada.

Los países que inicialmente no adopten la moneda única, Dinamarca, Reino Unido y Suecia, tendrán idéntica necesidad de una política macroeconómica orientada a la estabilidad.

Tanto en la futura zona euro como en Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, la inflación media disminuyó por debajo del 2%. Estos países deben ahora orientar sus políticas económicas a mantener la estabilidad de precios, lo que permitirá unas condiciones monetarias generadoras de crecimiento, y evitar diferenciales de inflación demasiado amplios.

Grecia debe intensificar los esfuerzos a fin de frenar la tendencia inflacionista generada por la devaluación de la dracma tras la participación en el mecanismo de tipo de cambio en marzo de 1998.

La mayoría de los Estados miembros deben avanzar aún más para asegurar el cumplimiento del objetivo a medio plazo del Pacto de estabilidad y crecimiento, a saber, un presupuesto cercano al equilibrio o con superávit. Esta consolidación es necesaria a fin de:

  • facilitar el objetivo de la política monetaria única y de las políticas monetarias de los Estados miembros no participantes en el euro;
  • mantener bajos los tipos de interés a largo plazo, lo que atraerá la inversión del sector privado;
  • dotar a las finanzas públicas de un margen de maniobra suficiente para hacer frente a una evolución económica adversa;
  • procurar que los cocientes de endeudamiento superiores a 60% sigan acercándose a un ritmo satisfactorio al valor de referencia.

Es también importante que los Estados miembros den garantías sobre la continuidad de su ajuste presupuestario.

Para ello, el Consejo reitera los mismos principios generales enunciados en las grandes orientaciones de los años anteriores:

  • debe otorgarse preferencia a la reducción de los gastos más que al aumento de la presión fiscal global;
  • un aligeramiento de la presión fiscal global es deseable en la mayoría de los Estados miembros con el fin de promover el dinamismo económico ;
  • cuando las proporciones de déficit o ratios de deuda pública/ producto interior bruto (PIB) todavía sean elevadas, será necesario que la reducción de la carga impositiva no aminore el ritmo de reducción del déficit
  • las prioridades en materia de gastos públicos deben centrarse en la inversión en infraestructura y recursos humanos, así como en políticas activas del mercado laboral.

Al igual que a los Estados miembros, se insta a la Comunidad a seguir respetando una estricta disciplina presupuestaria.

Las orientaciones por países son las siguientes:

Bélgica deberá cumplir su compromiso de mantener un superávit primario del 6 % del PIB a medio plazo, de forma que se asegure una rápida reducción del cociente de deuda, todavía muy elevado.

Alemania debe acelerar su ajuste presupuestario a fin de colocar su cociente de deuda en una senda firmemente decreciente y situarla de nuevo rápidamente por debajo del valor de referencia en un futuro próximo.

España deberá aprovechar las actuales condiciones económicas favorables para acelerar la realización del objetivo a medio plazo de acercarse al equilibrio presupuestario o lograr un superávit.

En Francia deben realizarse mayores esfuerzos de ajuste presupuestario después de 1999, a fin de respetar las obligaciones del Pacto de estabilidad y crecimiento y estabilizar el cociente de endeudamiento.

Irlanda deberá aplicar una política fiscal estricta a fin de reducir el riesgo de recalentamiento de la economía. Gracias al creciente superávit logrado por las administraciones públicas, es de prever que el cociente de endeudamiento disminuya por debajo del valor de referencia en 1998 y siga reduciéndose más adelante.

Italia necesita intensificar su labor de consolidación presupuestaria con objeto de cumplir las obligaciones del Pacto de estabilidad y crecimiento y reducir con rapidez un cociente de endeudamiento aún muy elevado.

Se prevé que Luxemburgo mantendrá un superávit presupuestario en los próximos años, al tiempo que su cociente de deuda seguirá en niveles muy bajos.

Los Países Bajos no deben permitir que se relajen sus orientaciones presupuestarias para garantizar una mayor disminución continuada del cociente de deuda.

Austria deberá proseguir sus esfuerzos de saneamiento para alcanzar el objetivo a medio plazo de un presupuesto próximo al equilibrio o con superávit y mantener el cociente de deuda en trayectoria decreciente.

Portugal deberá mantener su esfuerzo de ajuste presupuestario para cumplir las obligaciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. El cociente de deuda debe disminuir por debajo del valor de referencia en 1998 y seguir descendiendo en los próximos años.

En Finlandia se prevé que el déficit presupuestario se convierta en superávit en 1998 y que éste aumente en los años siguientes. La reducción del impuesto sobre la renta prevista para 1999 no deberá poner en peligro este proceso.

Dinamarca aumentará más aún su superávit presupuestario en los próximos años. Se prevé que el cociente de deuda se reduzca por debajo del valor de referencia en 1998 y continúe bajando.

Grecia deberá mantener sus esfuerzos de saneamiento presupuestario si quiere lograr su objetivo de participar en la zona euro antes del año 2001. El déficit presupuestario disminuyó al 4,0% del PIB en 1997 y se espera que quede por debajo del valor de referencia en 1998. El cociente de deuda disminuyó por primera vez en 1997.

Suecia deberá seguir controlando rigurosamente el gasto público si desea mantener el superávit presupuestario.

En el Reino Unido se prevé que el presupuesto alcance una situación cercana al equilibrio a finales del decenio. Deben mantenerse los esfuerzos, sobre todo para atender a la necesidad de establecer condiciones de estabilidad generales.

Para determinar los salarios, los interlocutores sociales deben respetar las normas generales siguientes:

  • los aumentos acumuladas de los salarios nominales deben ser compatibles con la estabilidad de precios;
  • el incremento de los salarios reales con respecto al aumento de la productividad laboral debería tener en cuenta la necesidad de mantener o incluso aumentar la rentabilidad de las inversiones;
  • Los acuerdos salariales deberían tener más en cuenta las diferencias de productividad según las cualificaciones, las aptitudes y las zonas geográficas;
  • las diferencias entre los costes laborales observadas en distintos Estados miembros deben seguir reflejando las divergencias de productividad laboral entre estos países.

En la UEM, el grado de adaptabilidad en el proceso de fijación de salarios deberá ser mayor, ya que desempeñará un papel importante en caso de problemas específicos en algunos países. Para ello, deberá reforzarse en todos los niveles el diálogo social.

Siguen siendo necesarias reformas estructurales en los mercados de productos, servicios, capitales y, sobre todo, en el mercado laboral, de modo que los Estados miembros puedan responder a perturbaciones económicas específicas y aumente la competitividad de la Comunidad.

Por lo que se refiere a la mejora de la eficacia de los mercados de productos, servicios y capitales, los esfuerzos deben centrarse en:

  • la mejora del funcionamiento del mercado único, en particular velando por la pronta aplicación del plan de acción en favor del mercado único a fin de reducir el porcentaje de no transposición de las directivas ;
  • el refuerzo de la competencia, racionalizando y descentralizando la aplicación de la normativa antimonopolio a fin de mejorar la eficacia y los costes para las empresas ;
  • el desarrollo de un marco reglamentario y fiscal más favorable a las empresas ;
  • la supresión de los obstáculos jurídicos y financieros a la integración de los mercados de capitales europeos.

En los mercados de trabajo, es importante emprender la modernización a fin de aumentar la intensidad del crecimiento del empleo y garantizar la capacidad de inserción profesional de la mano de obra. Estos objetivos son también los de las directrices para el empleo. Los Estados miembros deben favorecer:

  • políticas activas del mercado laboral, para que los servicios del empleo puedan realizar eficazmente tareas de búsqueda de puestos de trabajo y colocación, combinadas con medidas complementarias tales como la formación ;
  • medidas para hacer el sistema fiscal y de contribuciones sociales más favorable al empleo, en particular, invirtiendo la tendencia al aumento de la brecha entre lo que perciben los trabajadores y lo que pagan las empresas;
  • reformas del sistema de protección social a fin de pasar de un e ayudas pasivas a los ingresos a medidas de ayuda a la protección social a través del trabajo; a tal fin conviene velar por el atractivo de los salarios después de impuestos y adaptar los criterios de concesión de prestaciones para potenciar la obligación de buscar empleo y seguir una formación ;
  • el intercambio de experiencias y mejores prácticas en el ámbito de jornada laboral; los acuerdos de reducción del tiempo de trabajo no deben en ningún caso poner en peligro la capacidad de adaptación ni llevar a una disminución de la oferta de empleo o de la producción.

4) MEDIDAS DE APLICACIÓN

5) TRABAJOS POSTERIORES

Última modificación: 25.10.2002
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