RSS
Índice alfabético
Esta página se encuentra disponible en 15 idiomas
Nuevos idiomas disponibles:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nuevo marco jurídico para los pagos

La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco jurídico armonizado para los servicios de pago. Con este fin, sustituye las normas nacionales vigentes en los veintisiete Estados miembros por un conjunto de disposiciones válidas dentro del mercado interior.

ACTO

Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

Esta Directiva tiene como objetivo instaurar el marco jurídico necesario para la creación de un mercado de pagos integrado, en el que se suprimirán los impedimentos a la entrada de nuevos proveedores de servicios. Además, la Directiva pretende reforzar la competencia y ofrecer a los usuarios un mayor número de opciones. Por último, garantiza un nivel de protección elevado gracias a los requisitos en materia de información y a la definición de los derechos y obligaciones de los usuarios y de los proveedores de servicios de pago.

Ámbito de aplicación

La Directiva va dirigida a los prestadores de servicios de pago establecidos en la Comunidad y cubre los pagos efectuados en euros o en otras monedas nacionales de la Unión Europea (UE). La Directiva no se aplica a las operaciones de pago efectuadas en efectivo o por medio de cheques en papel; regula la concesión de créditos por entidades de pago únicamente en los casos en que está estrechamente vinculada a servicios de pago.

La Directiva distingue seis categorías de prestadores de servicios de pago:

  • las entidades de crédito (con arreglo a la definición de la Directiva relativa al «acceso a la actividad de las entidades de crédito»), incluidas las sucursales, las entidades de crédito que tienen su sede dentro y fuera de la UE;
  • las oficinas de cheques postales que prestan servicios de pago;
  • las entidades de dinero electrónico (con arreglo a la definición de la Directiva relativa a la «actividad y supervisión cautelar de las entidades de dinero electrónico»);
  • las entidades de pago (personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización como tales);
  • el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, cuando no actúen en su condición de autoridad monetaria u otras autoridades públicas;
  • los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales, cuando no actúen en su condición de autoridades públicas.

Condiciones para la obtención de la autorización

El acceso a la actividad de los servicios de pago está sujeto a la obtención previa de una autorización. La autorización se solicita a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y solo se concede a las personas jurídicas establecidas en un Estado miembro. La solicitud deberá ir acompañada de una lista detallada de informaciones: el programa de actividades, el plan de negocios, una descripción de la organización administrativa y contable, de los mecanismos de control interno, de los procedimientos de gestión de los riesgos, de la organización estructural, etc.

Con el fin de obtener su autorización, la entidad de pago debe disponer de un sólido dispositivo de gestión empresarial. Por otra parte, las autoridades competentes pueden rechazar una solicitud de autorización si no están satisfechas de la calidad de los accionistas o asociados que posean participaciones cualificadas.

La Directiva precisa que las entidades de pago deben poseer, en el momento de la autorización, un capital inicial (cuyo importe varía en función del servicio de pago que preste) y fondos propios en todo momento.

Gracias a la obtención de la autorización, la entidad podrá prestar servicios de pago en toda la UE, bien en régimen de libre prestación de servicios, bien en régimen de establecimiento. Toda revocación de la autorización se justificará y comunicará a los interesados y se hará pública.

La autorización como entidad de pago será válida en todos los Estados miembros y constará en un registro comunitario que se actualizará periódicamente y será accesible en línea.

Autoridades competentes

Los Estados miembros deberán designar a las autoridades competentes, responsables de controlar a las entidades de pago. Estas autoridades deberán ser organismos públicos o reconocidos por el Derecho nacional o por autoridades públicas expresamente facultadas a tal fin y ser independientes con respecto a los organismos económicos. Las autoridades competentes deberán cooperar entre sí y estarán sometidas a la obligación de secreto profesional.

Entre otras cosas, estarán facultadas para exigir a la entidad de pago que facilite toda la información necesaria para los controles, para emitir recomendaciones y directrices y, cuando proceda, medidas administrativas de obligado cumplimiento, para suspender o revocar la autorización y para adoptar sanciones contra las entidades de pago.

Requisitos de transparencia e información

La Directiva introduce requisitos de información claros y concisos para todos los proveedores de servicios de pago, bien en las operaciones de pago individuales, bien en las contempladas en un contrato marco (que implica toda una serie de operaciones de pago).

Más concretamente, el documento introduce:

  • las condiciones que deben comunicarse previamente (obligaciones y responsabilidades del proveedor de servicios y el usuario, gastos, información sobre la legislación aplicable, procedimientos de recurso y denuncia, etc.);
  • la información que debe facilitarse, a instancias del usuario, antes de la ejecución de una operación de pago (plazo de ejecución, comisiones y gastos aplicables);
  • la información que debe proporcionarse al ordenante tras la ejecución de una operación de pago (referencia de la operación y del beneficiario, importe total e importe de los gastos y comisiones, tipo de cambio aplicado);
  • la información que debe facilitarse al beneficiario tras la recepción de los fondos (referencias del ordenante, importe íntegro transferido, gastos y comisiones aplicados, tipo de cambio).

Derechos y obligaciones de los usuarios y de los proveedores de servicios de pago

La Directiva introduce normas relativas a los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios de pago, entre las cuales cabe citar las siguientes:

  • Un plazo de ejecución de un día hábil: si el pago se efectúa en euros o en la divisa de un Estado miembro fuera la zona euro y si el pago conlleva una sola conversión entre el euro y la divisa oficial de un Estado miembro que no pertenece a la zona euro, el importe objeto de la orden se abonará en la cuenta de pago del beneficiario, a más tardar, al final del primer día hábil posterior al momento de aceptación. Durante un período transitorio que se extiende hasta el 1 de enero de 2012, el ordenante y su proveedor de servicios de pago podrán acordar un plazo diferente, no superior a tres días.
  • Responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de no ejecución o de ejecución defectuosa de una operación de pago. Se considera a este último objetivamente responsable en caso de que la operación se ejecute dentro de los límites del territorio de la UE.
  • Responsabilidad del usuario de servicios de pago en caso de utilización fraudulenta de un instrumento de pago (limitada a 150 euros). No obstante, esta norma no se aplicará a los usuarios que sean empresas.
  • Introducción del principio del importe íntegro, en virtud del cual deberá abonarse en la cuenta del beneficiario el importe íntegro transferido por el ordenante, sin deducciones.
  • Las condiciones relativas al reembolso, cuando se haya autorizado una operación de pago que no habría debido ser autorizada.
  • Condiciones de revocabilidad, según las cuales el usuario de servicios de pago tiene la posibilidad de rechazar un pago que le haya sido asignado por error. Asimismo, corresponde al prestador de servicios de pago demostrar que la operación de pago fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada y que no se vio afectada por un fallo técnico.

REFERENCIAS

Acto Entrada en vigor Plazo de transposición en los Estados miembros Diario Oficial

Directiva 2007/64/CE

25.12.2007

1.11.2009

DO L 319 de 5.12.2007

Acto(s) modificativo(s) Entrada en vigor Plazo de transposición en los Estados miembros Diario Oficial

Directiva 2009/111/CE

7.12.2009

31.10.2010

DO L 302 de 17.11.2009

Última modificación: 02.07.2010
Aviso jurídico | Sobre este sitio | Búsqueda | Dirección de contacto | Arriba