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Competencias del BCE para imponer sanciones

El Banco Central Europeo (BCE) dirige la política monetaria de la Unión con la misión principal de mantener la estabilidad de precios en la zona del euro. Con este fin, el BCE puede establecer las orientaciones necesarias para la política monetaria que deben aplicar obligatoriamente los bancos centrales nacionales. El presente Reglamento define en qué medida el BCE está también facultado para imponer multas y pagos periódicos coercitivos a las empresas que no cumplan sus reglamentos y decisiones. El Reglamento garantiza una aplicación uniforme y eficaz en el marco de una colaboración plena de los bancos centrales nacionales de la zona euro con el BCE.

ACTO

Reglamento (CE) n° 2532/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones [Diario Oficial L 318 de 27.11.1998, rectificación: Diario Oficial L 234 de 4.9.1999].

SÍNTESIS

Misión. Este Reglamento es necesario para dar efecto al artículo 34.3 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), que dispone que dentro de los límites y las condiciones adoptados por el Consejo el BCE está facultado para imponer multas y pagos periódicos coercitivos a las empresas en caso de incumplimiento de los reglamentos y decisiones de éste.

Definiciones. Se entiende por «empresa» a las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, con excepción de las personas públicas en el ejercicio de sus poderes públicos, domiciliadas o establecidas en un Estado miembro participante, sujetas a obligaciones que tengan su origen en los reglamentos y decisiones del BCE, con inclusión de las delegaciones u otros organismos permanentes situados en un Estado miembro participante, cuya sede central o razón social registrada está fuera de un Estado miembro participante.

Sanciones. Las multas y pagos periódicos coercitivos del BCE están sujetos a las siguientes limitaciones:

  • multas: el límite superior es de 500 000 euros;
  • pagos periódicos coercitivos: el límite máximo es de 10 000 euros por día de infracción. Pueden imponerse pagos periódicos coercitivos por un período máximo de seis meses, a partir de la notificación de la decisión a la empresa.

Para determinar si procede imponer una sanción se debe recurrir al principio de proporcionalidad. Por consiguiente, el BCE debe tomar en consideración:

  • la buena fe y el grado de transparencia de la empresa en la interpretación y la aplicación de la obligación derivada de un reglamento o decisión del BCE, así como su cooperación;
  • la gravedad de los hechos;
  • la repetición, frecuencia o duración de la infracción;
  • las ventajas obtenidas por la empresa;
  • la dimensión económica de la empresa;
  • las eventuales sanciones impuestas por otras autoridades a la misma empresa por los mismos hechos.

Poder de decisión. El Reglamento faculta al Comité ejecutivo del BCE para decidir si se ha cometido una infracción y si deben imponerse sanciones, y faculta, asimismo, a los bancos centrales nacionales a iniciar el procedimiento sancionador y encargarse en parte de su aplicación. El BCE o el Banco central nacional (BCN) pueden:

  • examinar los libros y registros de la empresa y obtener copias de éstos;
  • exigir la presentación de documentos;
  • solicitar explicaciones escritas o verbales.

La empresa dispone de un plazo no inferior a 30 días para presentar sus alegaciones.

Una vez recibido el expediente del BCN que ha iniciado el procedimiento, o después de consultar con el BCN en cuya jurisdicción ha tenido lugar la supuesta infracción, el Comité ejecutivo del BCE debe adoptar una decisión.

Esta decisión debe notificarse a la empresa, a las autoridades supervisoras competentes y al BCN. La empresa de que se trate puede pedir una revisión dirigiéndose por escrito al Consejo de Gobierno del BCE, en el plazo de treinta días a partir de la notificación de la primera decisión.

El Consejo de Gobierno del BCE debe presentar su decisión por escrito en un plazo de dos meses a la empresa, al BCN y a las autoridades competentes. Si el Consejo de Gobierno no ha tomado ninguna decisión antes de que expire dicho plazo, la empresa puede solicitar una revisión judicial de la decisión del Comité ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado.

Ninguna sanción debe ejecutarse contra la empresa hasta que la decisión sea firme. Los ingresos procedentes de estas sanciones pertenecen al BCE.

El derecho a iniciar un procedimiento sancionador sobre la base del presente Reglamento es independiente de cualquier derecho de una autoridad nacional competente a iniciar unos procedimientos distintos en relación con dichas materias fuera de las competencias del SEBC.

Procedimientos. Los procedimientos definidos para la imposición de sanciones y los límites indicados corresponden a un equilibrio entre la seguridad jurídica de las empresas sujetas a los reglamentos o decisiones del BCE y la necesidad de dejar a este último cierto margen de maniobra.

El derecho a tomar la decisión de iniciar un procedimiento de infracción expira:

  • un año después de que la existencia de un incumplimiento llegue a conocimiento del BCE o del BCN;
  • cinco años después de que se haya producido la infracción;
  • en caso de infracción continuada, cinco años después de que la infracción haya cesado.

El derecho a tomar la decisión de imponer sanciones expira un año después de que haya sido tomada la decisión de iniciar el procedimiento.

El Tribunal de Justicia tiene plena competencia jurisdiccional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 del Tratado, para revisar la decisión final sancionadora.

En caso de conflicto entre las disposiciones del presente Reglamento y las disposiciones de otros reglamentos del Consejo que atribuyan competencia al BCE para imponer sanciones, prevalecen estos últimos.

El BCE puede adoptar reglamentos con objeto de especificar las disposiciones de aplicación de las sanciones.

Entrada en vigor. El artículo 6, apartado 2, relativo a las disposiciones generales y al poder reglamentario, es aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Los demás artículos son de aplicación a partir del 1 de enero de 1999.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorTransposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Reglamento (CE) nº 2532/9827.11.1998-DO L 318 de 27.11.1998

ACTOS CONEXOS

Reglamento (CE) nº 2157/1999 del Banco Central Europeo, de 23 de septiembre de 1999, sobre las competencias del BCE para imponer sanciones [Diario Oficial L 264 de 12.10.1999].

El apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 2532/98 del Consejo atribuye al BCE la potestad de adoptar reglamentos con objeto de especificar la forma en que las sanciones pueden ser impuestas. El presente Reglamento establece por consiguiente los principios y procedimientos relativos a la imposición de sanciones.
El BCE y el BCN competente en el marco del procedimiento de infracción, deben encargarse de examinar con detenimiento la presunta infracción, en condiciones que se distingan por su eficacia, cooperación, transparencia y confidencialidad.
El Comité Ejecutivo del BCE y el BCN competente deben informarse mutuamente de la decisión de iniciar un procedimiento de infracción. Sería conveniente que ambas instituciones cooperasen en el procedimiento (intercambio de información). Tanto el BCE como el BCN pueden investigar en los locales de la empresa interesada previa presentación de una autorización formal.
El BCE o el BCN deben informar por escrito a la empresa interesada de los resultados de la investigación y ésta dispone de un plazo mínimo de 30 días para contestar. Ambas instituciones pueden proceder a investigaciones complementarias si lo consideran necesario. La empresa interesada debe presentar cualquier documento necesario para la investigación y puede disponer de asesoramiento jurídico. Tiene asimismo derecho a una audiencia oral a la que se debe proceder con la máxima discreción en los locales del BCE o del BCN. El BCE decide la modalidad de pago de la sanción y está facultado para decidir publicarla o no en el Diario Oficial.
En caso de infracciones menores, la sanción impuesta no puede ser superior a 25 000 euros.
En caso de que no se respete la obligación de constituir reservas obligatorias, se aplica el siguiente procedimiento:
Antes de imponer una sanción, el BCE o el BCN competente debe notificar la presunta infracción y la sanción correspondiente a la empresa interesada. En un plazo de cinco días la empresa debe:

  • reconocer la infracción o
  • presentar sus objeciones a dicha sanción por escrito.

Si la empresa no tiene nada que objetar, la sanción se considera impuesta por decisión del Comité Ejecutivo del BCE y el importe de la sanción se carga a la cuenta de la empresa interesada.

Modificado por el siguiente acto:

Reglamento (CE) nº 985/2001 del Banco Central Europeo, de 10 de mayo de 2001 [Diario Oficial L 137 de 19.5.2001].

El presente Reglamento simplifica los procedimientos de archivo de la información sobre la determinación y ejecución de las sanciones.

Última modificación: 29.09.2005
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