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Pesca: industria pesquera y reducción de la pobreza

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1) OBJETIVO

Elaborar las orientaciones y directrices para la política comunitaria relativa a la pesca y los países en desarrollo.

2)ACTO

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 8 de noviembre de 2000, "Industria pesquera y reducción de la pobreza" [COM(2000) 724 final - No publicado en el Diario Oficial].

3)SÍNTESIS

Situación de los países en desarrollo
Las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura son muy importantes para los países en desarrollo por varias razones. La pesca es una fuente importante de empleo, nutrición, seguridad alimentaria y renta para estos países que exportan los productos a los países desarrollados, en particular, a la Unión Europea. Al sector pesquero le corresponde desempeñar un papel considerable en la lucha contra la pobreza, objetivo principal de la política de desarrollo de la Comunidad Europea. Como la pesca es una actividad que afecta varias políticas (desarrollo, comercio, etc.), la Comunidad debe garantizar la coherencia entre las actividades relacionadas con la pesca en todos los ámbitos. También es esencial una mayor complementariedad entre las políticas de la Comunidad Europea y las de los Estados miembros.

La pesca como actividad de comercio internacional
El comercio de los productos pesqueros y de la acuicultura es el más internacionalizado de todos los comercios de productos alimentarios. Por lo tanto, la durabilidad de los recursos pesqueros de los países en desarrollo afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo y, en particular, la Unión Europea. Del 50 al 60% de las capturas mundiales, de las que una parte corresponde a las realizadas por los pescadores europeos gracias a los acuerdos pesqueros, se efectúan en aguas jurisdiccionales de los países en desarrollo. La durabilidad de los recursos pesqueros supone un gran reto para la Unión Europea que no es ya capaz de satisfacer la demanda de los consumidores europeos a partir de aguas jurisdiccionales europeas. La Comunidad Europea ha celebrado acuerdos pesqueros con 26 países, de los que 17 son países en desarrollo. Estos acuerdos permiten a los pescadores europeos faenar en las aguas de terceros países para atender la demanda creciente de la Unión. La Unión tiene así una posición clave como gran productor, importador neto y consumidor. En consecuencia, la política pesquera común de la Comunidad Europea (PPC), que tiene un impacto significativo en los países en desarrollo, debe tener en cuenta unas condiciones que permitan a estos países administrar y valorizar lo mejor posible sus propios recursos pesqueros.

Principios
La Comunidad debe adoptar un enfoque global que vincule la durabilidad de los recursos y la reducción de la pobreza. Es necesario garantizar un equilibrio entre los intereses de todas las partes, en los países desarrollados y en los países en desarrollo. A este respecto, la política debe garantizar un equilibrio entre:

  • la solidaridad con los países en desarrollo;
  • el interés comercial, manteniendo la importación de grandes cantidades de pescado en respuesta a la demanda de los consumidores europeos y garantizando la protección de los consumidores;
  • el interés económico y social, apoyando a determinadas comunidades de pescadores europeos mediante la continuación de actividades pesqueras en las aguas de terceros países;
  • la preocupación medioambiental, ya que los océanos y los mares son un recurso mundial y patrimonio común de la humanidad.

Con el fin de lograr los objetivos principales, la Comisión identifica directrices para las intervenciones comunitarias en este sector. Se elaboran, por una parte, para los países en desarrollo en los que la pesca es una prioridad en la estrategia de desarrollo y, por otra parte, para los países con los que la Comunidad ha firmado un acuerdo pesquero.

Países en los que la pesca es una prioridad en la estrategia de desarrollo
Para algunos países en desarrollo, el sector pesquero se ha identificado como sector prioritario en su estrategia de desarrollo. En estos países, la política comunitaria debería atenerse a las directrices siguientes:

  • apoyar la formulación y la aplicación de políticas y programas sectoriales.
    Los Documentos de estrategia nacional constituyen el marco de las intervenciones;
  • definir el papel de todos los proveedores de fondos;
  • hacer hincapié en la cooperación a nivel regional ya que los problemas y los retos en este sector tienen a menudo dimensión regional.

Países con los que la Comunidad ha firmado un acuerdo pesquero
Un aspecto clave de la política comunitaria con estos países es el refuerzo de la coherencia entre la política de desarrollo de la Comunidad y el componente externo de su política pesquera común. Para ello se han elaborado las directrices siguientes:

  • garantizar el cumplimiento de los artículos 61 y 62 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.
    Según estos artículos, los Estados costeros que poseen las poblaciones pesqueras deberían fijar el volumen de capturas aceptables y, si la capacidad pesquera de su flota nacional es inferior al conjunto del volumen aceptable, los Estados terceros pueden explotar el resto;
  • reforzar el principio de gestión duradera de los recursos naturales aplicando el Convenio.
    Una parte significativa del presupuesto europeo consagrado a los acuerdos pesqueros debe orientarse hacia acciones específicas de apoyo institucional, supervisión y control y conservación de los recursos biológicos;
  • aplicar el principio de buena gestión de los asuntos públicos a los recursos financieros vinculados a los acuerdos pesqueros.
    En pro de la transparencia, la Comunidad debería abonar las contribuciones directamente al presupuesto nacional y promover la consulta de las comunidades tradicionales de pescadores para que puedan influir en la utilización de los fondos;
  • definir y evaluar las distintas intervenciones comunitarias emprendidas de conformidad con la política de desarrollo y la política pesquera común (PPC).
    Es necesario evitar la duplicación y garantizar una coherencia eficaz. Las intervenciones deben contribuir a la lucha contra la pobreza que es el objetivo principal de la política de desarrollo de la Comunidad;
  • informar y garantizar la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones profesionales de los pescadores del Sur, en la preparación y la aplicación de los acuerdos.

Principios reconocidos a nivel internacional en materia de desarrollo vinculado a los recursos acuáticos
Una serie de declaraciones internacionales destacan varios grandes principios rectores que pueden orientar la acción en cuanto a cooperación al desarrollo en el ámbito del desarrollo vinculado a los recursos acuáticos. La aceptación de estos principios ha permitido alcanzar un consenso internacional sobre su aplicación. La Comunidad Europea convino en varias ocasiones en que aplicaría estos principios, que se han integrado naturalmente en la política comunitaria en este ámbito. A continuación se enuncian nueve de ellos en el orden cronológico de la celebración de las conferencias en las que se adoptaron:

Montego Bay 1982
La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar llevó a la firma de un convenio. Este Convenio de las Naciones Unidas que entró en vigor el 16 de noviembre de 1994 tiene por objetivo favorecer la explotación pacífica de los mares y océanos, la explotación equitativa y eficaz de sus recursos, la conservación de sus recursos biológicos y el estudio, la protección y la conservación del medio marino.

  • primer principio
    Los Estados costeros deben favorecer una explotación óptima de los recursos biológicos de sus zonas económicas exclusivas (ZEE). De esta forma, deben dedicarse al mantenimiento y la reconstitución de las poblaciones de las especies explotadas a niveles que garanticen el rendimiento constante máximo. Tienen en cuenta los factores ecológicos y las necesidades económicas de las poblaciones costeras que viven de la pesca, así como las necesidades particulares de los Estados en desarrollo;
  • segundo principio
    Los Estados costeros determinan sus capacidades de explotación de los recursos biológicos. Si la capacidad de explotación es inferior al volumen del total aceptable de capturas, autorizan a otros Estados, mediante acuerdos u otras disposiciones, a explotar el remanente de volumen aceptable.

Río de Janeiro, junio de 1992
En la cumbre de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, se adoptaron una declaración y un plan de acción (Acción 21), que incluyen varias recomendaciones y principios que deben aplicarse en cuanto a gestión de los recursos pesqueros:

  • tercer principio
    Las preocupaciones medioambientales deben integrarse en todos los procesos de desarrollo para llegar a un desarrollo sostenible;
  • cuarto principio
    Debe aplicarse el principio de precaución;
  • quinto principio
    Las comunidades autóctonas deben ser responsibilizadas y deben desempeñar un papel importante en la gestión de los recursos.

Roma, octubre de 1995
En la 28ª Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se aprobó por consenso el código de conducta para una pesca responsable. La FAO elaboró este código facultativo tras el impulso dado por la Cumbre de Río a la integración del desarrollo sostenible. Se concibe para aplicar a los recursos los principios de la gestión sostenible. Recoge y precisa el principio de prevención aplicado al desarrollo pesquero. Se tendrán en cuenta los principios siguientes, que refuerzan o complementan los ya enunciados:

  • sexto principio
    El derecho a pescar implica la obligación de hacerlo de manera responsable; el esfuerzo pesquero debe ser proporcional a la capacidad de producción de los recursos pesqueros;
  • séptimo principio
    Los Estados deben cooperar a escala subregional, regional y mundial para promover la conservación y la gestión de los recursos. A causa de la mayor presión sobre las actividades pesqueras y de un mejor conocimiento de las poblaciones, la gestión conjunta de las existencias comunes debe convertirse en una prioridad;
  • octavo principio
    Hay que reconocer la importancia de la contribución de la pesca artesanal al empleo y a la seguridad alimentaria, y proteger los derechos de los pescadores y trabajadores del sector. Debe darse prioridad a las necesidades alimenticias de las poblaciones locales. La gestión de las actividades pesqueras tendrá en cuenta progresivamente la participación directa de los protagonistas de este sector, la atribución de derechos de explotación, la descentralización de las funciones de distribución sin abandono por el Gobierno de su papel de administrador, y la autofinanciación del sector.

Kioto, diciembre de 1995
En la Conferencia internacional de Kioto sobre la contribución duradera de la pesca a la seguridad alimentaria, 95 Estados y la Comunidad Europea afirmaron ser conscientes de que, sin acción, las considerables presiones ejercidas sobre los recursos acuáticos provocadas por los problemas medioambientales, el crecimiento demográfico y la sobrepesca, entre otras cosas, podrían imponer limitaciones a la indispensable contribución de los productos acuáticos a la seguridad alimentaria. La declaración adoptada después de esta conferencia enuncia el siguiente principio:

  • noveno principio
    El comercio internacional de pescado no debe tener consecuencias desfavorables sobre el medio ambiente y sobre la seguridad alimentaria de las poblaciones locales.

4) DISPOSICIONES DE APLICACIÓN

5)TRABAJOS POSTERIORES

 
Última modificación: 08.04.2002
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