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Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Nápoles II)

1) OBJETIVO

Regular, en el ámbito de la Unión, formas particulares de cooperación que incluyan acciones transfronterizas con vistas a la prevención, investigación y represión de determinadas infracciones de las legislaciones nacionales de los Estados miembros y de las normativas aduaneras comunitarias.

2) ACTO

Acto del Consejo 98/ C 24/01, de 18 de diciembre de 1997, por el que se celebra, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras [Diario Oficial C 24 de 23.1.1998].

3) SÍNTESIS

Los Estados miembros de la Unión Europea se prestarán asistencia mutua y cooperarán por medio de sus administraciones aduaneras, a fin de (art. 1):

  • prevenir e investigar las infracciones de las normativas aduaneras nacionales y,
  • perseguir y reprimir las infracciones de las normativas aduaneras comunitarias y nacionales.

El presente Convenio no afectará a las disposiciones relativas a la asistencia judicial en materia penal entre las autoridades judiciales ni a las disposiciones más favorables de los acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes entre los Estados miembros que regulan la cooperación aduanera.

Las administraciones aduaneras aplicarán el presente Convenio dentro de los límites de las competencias que se les atribuyen en virtud de disposiciones nacionales (art. 2).

Definición de los siguientes términos (art. 4):

  • normativa aduanera nacional;
  • normativa aduanera comunitaria;
  • infracciones;
  • asistencia mutua;
  • autoridad requirente;
  • autoridad requerida;
  • administraciones aduaneras;
  • datos personales;
  • cooperación transfronteriza.

Los Estados miembros designarán un servicio central (servicio de coordinación) entre sus respectivas autoridades aduaneras. Este servicio será responsable de recibir las solicitudes de asistencia mutua en aplicación del presente Convenio y de asegurar la coordinación de la asistencia mutua (art. 5).

Los Estados miembros podrán acordar el intercambio de funcionarios de enlace durante un período determinado o indeterminado en las condiciones convenidas entre ellos (art. 6).

En el marco de la asistencia que deba prestarse en aplicación del presente Convenio, la autoridad requerida, o la autoridad competente a la que haya recurrido esta última, procederá como si actuase por su propia cuenta o a instancia de otra autoridad de su propio Estado miembro.
La autoridad requerida hará extensiva dicha asistencia a todas las circunstancias de la infracción manifiestamente relacionadas con el objeto de la solicitud, sin que sea precisa una solicitud complementaria (art. 8).

Las solicitudes de asistencia se formularán siempre por escrito e irán acompañadas de la siguiente información:

  • identidad de la autoridad requirente;
  • la medida que se solicita;
  • objeto y motivo de la solicitud;
  • leyes, reglamentos y otras disposiciones legales pertinentes;
  • datos lo más exactos y completos que sea posible sobre las personas físicas o jurídicas que son objeto de la investigación;
  • resumen de los hechos pertinentes (art. 9).

A petición de la autoridad requeriente, la autoridad requerida le comunicará toda la información que pueda permitir a aquélla prevenir, investigar y reprimir las infracciones (art. 10).

A petición de la autoridad requeriente, la autoridad requerida efectuará o hará efectuar las investigaciones adecuadas sobre operaciones que constituyan infracciones, o que a juicio de la autoridad requeriente parezcan constituir infracciones (art. 12).

En las condiciones establecidas en el presente Convenio, y supeditada a cualquier limitación impuesta por el Derecho nacional, las autoridades competentes de cada Estado miembro prestarán asistencia a las autoridades competentes de los demás Estados miembros sin solicitud previa de éstos (art. 15).

Entre las administraciones aduaneras tendrá lugar una cooperación transfronteriza de conformidad con el presente Convenio. Dichas administraciones se prestarán recíprocamente la ayuda necesaria en personal y en organización. En principio, toda solicitud de cooperación deberá presentarse en la forma de la solicitud de asistencia prevista en el punto 7 (art. 9 del Convenio).
Podrá llevarse a cabo una cooperación transfronteriza con el objeto de prevenir, investigar y perseguir infracciones en los siguientes casos:

  • tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas (aspecto externo e interno), armas, municiones, explosivos, bienes culturales, residuos peligrosos y tóxicos, materiales nucleares o materiales y equipos destinados a la producción de armas nucleares, biológicas y químicas (mercancías sometidas a prohibición);
  • tráfico de sustancias enumeradas en los cuadros I y II de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, destinadas a la producción ilegal de drogas (sustancias precursoras);
  • comercio transfronterizo ilegal de mercancías sometidas a gravamen, practicado eludiendo obligaciones fiscales o con el objeto de conseguir ilegalmente el pago de prestaciones públicas relacionadas con la importación o exportación de mercancías, cuando la magnitud de las transacciones y el riesgo que resulte desde el punto de vista tributario y de subvenciones pueda generar cargas financieras importantes para el presupuesto de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros (lucha contra el fraude);
  • cualquier otro comercio de mercancías sometidas a prohibición por las normativas aduaneras comunitaria o nacionales.

Los funcionarios de la administración aduanera de un Estado miembro que, en su país, estén persiguiendo a una persona hallada de forma flagrante en la comisión de una de las infracciones mencionadas en el punto anterior (apartado 2 del artículo 19 del Convenio) que pueda dar lugar a extradición o de participación en una de las citadas infracciones estarán autorizados a continuar la persecución previa en el territorio de otro Estado miembro cuando las autoridades competentes del otro Estado miembro, debido a la especial urgencia, no hayan podido ser advertidas previamente de la entrada en el territorio, o cuando dichas autoridades no hayan podido personarse en el lugar con tiempo suficiente para proseguir la persecución.
A más tardar en el momento en que se cruce la frontera, los funcionarios que realizan la persecución recurrirán a las autoridades competentes del mencionado Estado miembro en cuyo territorio hayan penetrado. La persecución cesará cuando así lo solicite el Estado miembro en cuyo territorio se lleva a cabo. La persecución se realizará con arreglo a las modalidades y condiciones previstas en el Convenio (art. 20).

Los funcionarios de la administración aduanera de uno de los Estados miembros que estén vigilando en su propio país a una persona de la que se pueda pensar con fundamento que está implicada en una de las infracciones enumeradas en el punto 11 (apartado 2 del art. 19 del Convenio), estarán autorizados a proseguir tal vigilancia en el territorio de otro Estado miembro cuando éste haya autorizado la vigilancia transfronteriza a raíz de una solicitud de asistencia presentada previamente. La autorización podrá estar sujeta a condiciones (art. 21).

Los Estados miembros se comprometerán a permitir en sus territorios, a petición de otro Estado miembro, entregas vigiladas en el marco de investigaciones penales sobre infracciones que puedan dar lugar a extradición (art. 22).

Por mutuo acuerdo, las autoridades de varios Estados miembros podrán crear un equipo común de investigación especial con sede en un Estado miembro, formado por funcionarios especializados en los ámbitos correspondientes y que tendrán por funciones (art. 24):

  • coordinar investigaciones difíciles;
  • coordinar acciones comunes.

Los equipos comunes de investigación especial operarán en las condiciones generales establecidas en el Convenio (art. 24).

Cuando intercambien información, las administraciones aduaneras tendrán en cuenta, en cada caso, las exigencias para la protección de los datos de carácter personal. Respetarán las disposiciones aplicables del Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, así como las disposiciones del Convenio sobre el empleo de la informática en el sector de las aduanas (art. 25).

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es competente para pronunciarse:

  • sobre cualquier litigio entre Estados miembros relativo a la interpretación o aplicación del presente Convenio siempre que dicho litigio no pueda ser resuelto por el Consejo en el plazo de seis meses a partir de su remisión al Consejo por uno de sus miembros;
  • sobre cualquier litigio entre uno o varios Estados miembros y la Comisión relativo a la interpretación o a la aplicación del presente Convenio que no haya podido resolverse por vía de la negociación;
  • con carácter prejudicial, sobre la interpretación del presente Convenio (art. 26).

En cada caso específico de intercambio de información, las administraciones aduaneras tendrán en cuenta las exigencias de confidencialidad de la investigación (art. 27).

El presente Convenio se aplicará a los territorios de los Estados miembros contemplados en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 2913/92, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario modificado por el Reglamento (CEE) nº 2913/92 (art. 31).

El presente Convenio quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que se convierta en Estado miembro de la Unión Europea (art. 33).

El Secretario General del Consejo de la Unión Europea será el depositario del presente Convenio (art. 35).

El Convenio entrará en vigor transcurridos noventa días desde que todos los Estados miembros de la Unión Europea hayan notificado la conclusión de los procedimientos previstos en sus normas constitucionales para la aprobación del mismo. No obstante, cada Estado miembro, al realizar dicha notificación, podrá declarar que el Convenio se le aplica en sus relaciones con los Estados miembros que hayan hecho la misma declaración (art. 32). El Convenio de Nápoles II abroga, a partir de su entrada en vigor, el Convenio de Nápoles de 1967.

4) MEDIDAS DE APLICACIÓN

Por el momento, los Estados miembros que han ratificado el Convenio de Nápoles II son: Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido.

Francia, Alemania, los Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido han decidido comenzar aplicar dicho Convenio antes de su entrada en vigor con los Estados miembros que hayan realizado una declaración similar.

5) TRABAJOS POSTERIORES

Informe explicativo sobre el Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras [Diario Oficial C 189 de 17.6.1998].
El 28 de mayo de 1998 el Consejo aprobó un informe explicativo sobre el Convenio con comentarios sobre cada artículo.

Última modificación: 15.07.2003
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