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Firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores

Esta Directiva trata de reducir el riesgo sistémico que llevan aparejado los sistemas de pagos y de liquidación de valores y minimizar las perturbaciones ocasionadas por la insolvencia de un participante en un sistema de este tipo.

ACTO

Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

El objeto de la Directiva es reducir los riesgos sistémicos asociados a la participación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores ("sistemas"), y en particular los derivados de la insolvencia de cualquiera de los participantes en tales sistemas. A tal fin, establece normas comunes en virtud de las cuales las órdenes de transferencia y la “compensación” serán legalmente exigibles, las órdenes de transferencia no podrán revocarse una vez cursadas al sistema, la insolvencia de un participante no podrá tener efectos retroactivos y la legislación aplicable en materia de insolvencia será la del Estado miembro del sistema. Asimismo, la Directiva dispone que las garantías constituidas en favor de un sistema por un participante no se verán afectadas por la incoación de un procedimiento de insolvencia contra este último. De esta forma, contribuirá a que los mecanismos transfronterizos de pago y liquidación de valores funcionen de manera eficaz y rentable, constituyendo así una medida de apoyo a la libre circulación de capitales y la libre prestación de servicios en el mercado interior.

Entidades afectadas

Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva son:

  • las entidades de crédito;
  • las empresas de inversión;
  • los organismos públicos;
  • cualquier empresa que tenga su sede social fuera del territorio comunitario y que desempeñe funciones análogas a las de las entidades de crédito o las empresas de inversión comunitarias.

Órdenes de transferencia y de pago

Las órdenes de transferencia y la compensación serán legalmente exigibles y serán vinculantes con respecto a terceros, aun en el caso de que se incoe un procedimiento de insolvencia respecto de un participante, siempre que las órdenes de transferencia se hayan cursado al sistema antes del momento de la incoación del procedimiento de insolvencia.
Cuando, excepcionalmente, las órdenes de transferencia se cursen a un sistema después de la incoación del procedimiento de insolvencia y se ejecuten el mismo día en que se haya incoado dicho procedimiento, sólo serán vinculantes con respecto a terceros si el agente de liquidación, la contraparte central o la cámara de compensación pueden probar que no tenían conocimiento de la incoación de dicho procedimiento ni motivos para tenerlo.

El momento de emisión de una orden de transferencia en un sistema vendrá definido por las normas que regulen dicho sistema.

Las órdenes de transferencia no podrán ser revocadas por un participante directo en el sistema ni por terceros a partir del momento determinado por las normas de funcionamiento del sistema.

Procedimiento de insolvencia

Cuando la autoridad judicial o administrativa lanza un procedimiento de insolvencia, se lo avisa a la autoridad competente del Estado miembro en cuestión, el cual debe notificárselo a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

Ningún procedimiento de insolvencia podrá tener efectos retroactivos.

Cuando la autoridad judicial o administrativa competente de un Estado miembro adopte una resolución con respecto a la insolvencia de un participante en un sistema, dicho Estado deberá comunicarlo inmediatamente a los demás Estados miembros.

En caso de que se incoe un procedimiento de insolvencia contra un participante en un sistema, los derechos y obligaciones que se deriven de su participación vendrán determinados por la legislación aplicable a dicho sistema.

Preservación de los derechos

En lo que respecta a los efectos de la insolvencia sobre las garantías, la directiva establece que los derechos de los participantes en un sistema, así como de los bancos centrales de los Estados miembros y del futuro Banco Central Europeo, sobre las garantías constituidas en su favor no se verán afectados por la incoación de un procedimiento de insolvencia contra la entidad que haya constituido las garantías.

Cuando la garantía esté constituida por valores (incluidos los derechos sobre los mismos), los derechos de los participantes afectados, de los bancos centrales de los Estados miembros y del futuro Banco Central Europeo vendrán determinados por la legislación del Estado miembro en el que se hayan registrado dichos derechos.

Los Estados miembros deberán determinar los sistemas y los operadores de sistemas respectivos que entren en el ámbito de aplicación de la presente directiva. A continuación, deberán notificarlo a la AEVM, que publicará la información en su sitio web.

Por su parte, los sistemas comunicarán al Estado miembro por cuya normativa se rijan la identidad de los participantes en el sistema, así como los posibles cambios en la composición del mismo. Asimismo, los Estados miembros podrán imponer a los sistemas requisitos de supervisión o autorización. Por otra parte, cualquier persona que tenga un interés legítimo podrá exigir a una entidad que le informe de los sistemas en los que participa, así como de las normas de funcionamiento de los mismos.

Las autoridades competentes cooperan con la AEVM y le facilitan toda la información necesaria para que cumpla su misión.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 98/26/CE

11.6.1998

11.12.1999

DO L 166 de 11.6.1998

Actos modificativosEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2009/44/CE

30.6.2009

30.12.2010

DO L 146 de 10.6.2009

Directiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

DO L 331 de 15.12.2010

Las modificaciones y correcciones sucesivas de la Directiva 98/28/CE se han integrado en el texto de base. Esta versión consolidada tiene un valor meramente documental.

Última modificación: 25.03.2011
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