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Transparencia financiera entre los países de la UE y las empresas públicas y entre determinadas empresas

La transparencia de las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas públicas, así como la de la estructura financiera y organizativa de determinadas empresas son esenciales para garantizar una aplicación efectiva y equitativa de las normas relativas a las ayudas estatales por parte de la Comisión.

ACTO

Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas.

SÍNTESIS

Las empresas públicas * desempeñan un importante papel en la economía nacional de los países de la Unión Europea (UE) y están sometidas, al igual que las empresas a las que se han concedido derechos especiales * o exclusivos *, a las normas de competencia en las mismas condiciones que las empresas privadas en virtud del artículo 106, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (antiguo artículo 86, apartado 1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [TCE]). El artículo 345 del TFUE (antiguo artículo 295 del TCE) establece que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. Por tanto, no debe existir discriminación injustificada alguna entre las empresas públicas y las privadas a la hora de aplicar las normas sobre competencia. No obstante, el artículo 106, apartado 2, del TFUE establece excepciones cuando las empresas públicas o privadas gestionen un servicio de interés económico general.

Una aplicación eficaz y equitativa de las normas del Tratado relativas a las ayudas estatales exige la transparencia de las relaciones financieras, a menudo muy complejas, entre las empresas públicas y los poderes públicos.

Además, es preciso garantizar, mediante la obligación de mantener cuentas separadas, la transparencia de la estructura financiera y organizativa de las empresas públicas o privadas a las que se hayan concedido derechos especiales o exclusivos o se les haya confiado la gestión de un servicio de interés económico general por el que perciban cualquier tipo de compensación y que realicen otras actividades. En particular, es preciso garantizar que no se produzca una compensación excesiva de los costes de la misión de servicio de interés económico general ni subvenciones cruzadas hacia las otras actividades económicas de la empresa.

Por consiguiente, es necesario que la Comisión disponga de datos detallados que le permitan asegurar que los países de la UE no conceden a las empresas públicas o privadas ayudas incompatibles con el mercado común.

Relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas públicas

Los países de la UE deben garantizar la transparencia de las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas públicas indicando claramente la puesta a disposición de recursos públicos -efectuada tanto directa como indirectamente (por mediación de empresas públicas o instituciones financieras)- por los poderes públicos a favor de empresas públicas, así como su utilización efectiva.

Las relaciones financieras cuya transparencia ha de quedar garantizada son, en particular:

  • la compensación de las pérdidas de explotación;
  • la renuncia a una remuneración normal de los fondos públicos comprometidos;
  • las aportaciones en capital o en dotación;
  • las aportaciones a fondo perdido o los préstamos en condiciones privilegiadas;
  • la concesión de ventajas financieras en forma de no percepción de beneficios o de no recuperación de créditos;
  • la compensación de las cargas impuestas por los poderes públicos.

Los países de la UE deben adoptar las medidas necesarias para que los datos relativos a las relaciones financieras entre las empresas públicas y los poderes públicos permanezcan a disposición de la Comisión durante cinco años. Además, a petición de la Comisión, los Estados miembros están obligados a facilitarle estos datos.

Obligación de determinadas empresas de mantener cuentas separadas

Las empresas públicas o privadas a las que un país de la UE haya concedido derechos especiales o exclusivos o se les haya confiado la gestión de un servicio de interés económico general por el que perciban cualquier tipo de compensación y que al mismo tiempo realicen otras actividades, están obligadas a mantener cuentas separadas. Las cuentas separadas deben reflejar las distintas actividades realizadas por la misma empresa, indicando claramente los costes e ingresos derivados de cada una de ellas y los métodos de asignación y distribución de los mismos.

Los países de la UE deben adoptar las medidas necesarias para que los datos relativos a la estructura financiera y organizativa de las empresas afectadas permanezcan a disposición de la Comisión durante cinco años. A petición de la Comisión, los Estados miembros están obligados a facilitarle estos datos.

Sector manufacturero

A las empresas públicas que operen en el sector manufacturero y cuyo volumen de negocio global anual supere los 250 millones de euros les serán aplicables disposiciones específicas, ya que, en su caso, las ayudas incompatibles pueden provocar importantes distorsiones de la competencia.

Los países de la UE deben presentar la memoria anual, las cuentas anuales, las actas de las juntas de accionistas y toda información pertinente relativa a las empresas afectadas cada año, y han de comunicar a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo de cada año, la lista de dichas empresas.

Condiciones para la exención

La presente Directiva no se aplica a:

  • las empresas, públicas o privadas, que presten servicios que no puedan afectar de forma apreciable al comercio entre los países de la UE;
  • los bancos centrales;
  • las entidades de crédito públicas, por lo que se refiere a los depósitos de fondos públicos efectuados por los poderes públicos en condiciones comerciales normales;
  • las empresas públicas cuyo volumen de negocio global neto anual en los dos ejercicios anuales anteriores al ejercicio en el que se hayan puesto a disposición fondos públicos haya sido inferior a 40 millones de euros (en el caso de las entidades de crédito públicas, el umbral correspondiente será un balance total de 800 millones de euros);
  • las empresas públicas y privadas cuyo volumen de negocio global neto anual en los dos ejercicios anuales anteriores a cualquier año en el que disfruten de derechos especiales o exclusivos concedidos por un país de la UE o en el que se les haya confiado la gestión de un servicio de interés económico general, sea inferior a 40 millones de euros (en el caso de las entidades de crédito públicas, el umbral correspondiente será un balance total de 800 millones de euros);
  • las empresas a las que se haya confiado la gestión de servicios de interés económico general, siempre que las compensaciones que reciban, sea cual sea la forma de las mismas, se hayan fijado por un período apropiado con arreglo a un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio.

Contexto

Esta Directiva deroga la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas públicas.

Términos clave del acto
  • Empresas públicas: cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen.
  • Derechos especiales: los derechos concedidos por un país de la UE a un número limitado de empresas mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica específica, limite a dos o más el número de esas empresas autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad, con criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, o designe, con arreglo a tales criterios, a varias empresas autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad, o conceda a una o varias empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o reglamentarias que afecten sustancialmente a la capacidad de cualquier otra empresa de prestar el mismo servicio o ejercer la misma actividad en la misma zona geográfica en condiciones sustancialmente equivalentes.
  • Derechos exclusivos: los derechos concedidos por un país de la UE a una empresa mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo que reserve a esta empresa el derecho a prestar un servicio o emprender una actividad en una zona geográfica específica.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2006/111/CE

20.12.2006

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DO L 318, 17.11.2006

Última modificación: 15.11.2011
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