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Cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales

Con la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, las empresas y los ciudadanos pueden invocar las normas de competencia de la Unión Europea (UE) ante los tribunales nacionales. Esta situación convierte a estos últimos en encargados de la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (antiguos artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la CE o TCE). La presente Comunicación ilustra esta nueva cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales.

ACTO

Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE en la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE [Diario Oficial C 101 de 27.4.2004].

SÍNTESIS

El Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (antiguos artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la CE o TCE), instaura un régimen de competencias paralelas que permite a la Comisión y a las autoridades de competencia, así como a los órganos jurisdiccionales de los países * de la Unión Europea (UE), aplicar estos artículos. La cooperación entre ellos se regula no sólo por la presente Comunicación, sino también por la Comunicación relativa a la cooperación entre las autoridades de competencia.

La aplicación de las normas de competencia europeas por los órganos jurisdiccionales nacionales

Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE sin necesidad de aplicar al mismo tiempo el Derecho nacional de competencia. No obstante, cuando aplican este último a acuerdos, decisiones o prácticas que puedan afectar al comercio entre países de la UE, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 101 del TFUE (antiguo artículo 81(1) del TCE), o a una práctica abusiva prohibida por el artículo 102 del TFUE, deben atenerse también a las normas de competencia europeas. Efectivamente, la ejecución paralela del Derecho nacional de competencia en materia de acuerdos no puede llegar a conclusiones diferentes de las que se derivan del Derecho europeo.

Dicho de otro modo, en caso de aplicación paralela del Derecho nacional y del Derecho europeo de competencia:

  • los acuerdos que no infringen el apartado 1 del artículo 101 del TFUE o que satisfacen las condiciones de su apartado 3 (antiguo artículo 81(3) del TCE) no pueden prohibirse en virtud del Derecho nacional de competencia (apartado 2 del artículo 3 del Reglamento nº 1/2003/CE), y
  • los acuerdos que violan el apartado 1 del artículo 101 del TFUE y no satisfacen las condiciones de su apartado 3 no pueden mantenerse en virtud del Derecho nacional (jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Por lo que respecta al artículo 102 del TFUE, el artículo 3 del Reglamento nº 1/2003 (CE) del Consejo no prevé una obligación de convergencia similar. No obstante, en caso de que exista contradicción entre disposiciones, el principio general de primacía del Derecho europeo exige que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen sin aplicación cualquier disposición de la ley nacional contraria a la norma europea, sea aquélla previa o posterior a ésta.

Cuando un tribunal nacional deba aplicar normas de competencia europeas, seguirá en primer lugar la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales europeos o los reglamentos, decisiones, comunicaciones y directrices de la Comisión relativas a los artículos 101 y 102 del TFUE. Si estos instrumentos no proporcionan indicaciones suficientes, el tribunal puede pedir a la Comisión un dictamen sobre la ejecución de las normas de competencia europeas.

A falta de disposiciones de Derecho europeo que regulen los procedimientos y sanciones relativos a la aplicación de las normas de competencia europeas, los órganos jurisdiccionales nacionales podrán recurrir a las normas de procedimiento de su país. Asimismo deberán cumplir las condiciones de aplicación de las normas de competencia europeas, como permitir a la Comisión y a las autoridades de competencia nacionales que presenten sus observaciones escritas.

La aplicación paralela o consecutiva de las normas de competencia europeas y la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales

Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden aplicar el Derecho europeo de competencia a un acuerdo que afecte al comercio entre países de la UE al mismo tiempo que la Comisión o con posterioridad a ella.

Si el órgano jurisdiccional nacional resuelve antes que la Comisión, debe evitar que su decisión sea contraría a una prevista por esta última. A tal efecto, puede preguntar a la Comisión si ha incoado un procedimiento sobre los mismos acuerdos y, cuando proceda, en qué etapa se encuentra el procedimiento y si es probable que se adopte una decisión al respecto. Por motivos de seguridad jurídica, el órgano jurisdiccional puede también suspender su procedimiento hasta que la Comisión haya decidido. Cuando la Comisión decida la primera en un asunto concreto, el órgano jurisdiccional, en caso de tener dudas sobre la legalidad de la decisión de la Comisión, puede dirigirse al Tribunal de Justicia. No obstante, no puede nunca resolver en sentido contrario.

La aplicación paralela o consecutiva de las normas de competencia debe basarse en una cooperación sólida. Sin embargo, pese a que la legislación europea no lo prevé expresamente, la jurisprudencia de la UE ha establecido que el artículo 4(3) del Tratado de la Unión Europea (TUE) (antiguo artículo 10 del TCE), que obliga a los países de la UE a facilitar a la Unión el cumplimiento de su misión, impone a las instituciones europeas y a los países europeos deberes mutuos de cooperación leal con el fin de lograr los objetivos del Tratado. En consecuencia, el artículo 4(3) implica que:

  • la Comisión debe asistir a los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación del Derecho europeo, y que
  • los órganos jurisdiccionales nacionales deben asistir a la Comisión en el cumplimiento de su misión.

La Comisión debe asistir a los órganos jurisdiccionales nacionales expresándose de una forma neutra y objetiva y sin vincularlos. Los órganos jurisdiccionales deben presentar su solicitud de asistencia a la Comisión por escrito.

La Comisión se expresa:

  • Transmitiendo información. Cualquier órgano jurisdiccional puede pedir a la Comisión documentos que estén en su posesión o información relativa a un procedimiento, con el fin de determinar si un asunto concreto está pendiente ante ella, si ha incoado un procedimiento o si ya ha adoptado una decisión. El plazo previsto es de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
  • Emitiendo un dictamen. El tribunal nacional puede solicitar un dictamen de la Comisión sobre cuestiones económicas, factuales y jurídicas, sin perjuicio de la posibilidad o la obligación de presentar ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación o la validez del Derecho europeo, en aplicación del artículo 267 del TFUE (antiguo artículo 234 del TCE). Si se trata de un dictamen, la Comisión se limitará a comunicar al tribunal nacional la información factual o la aclaración requerida en materia económica o jurídica, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto pendiente ante aquél. Este dictamen no vincula jurídicamente al tribunal nacional.
  • Formulando observaciones. Las autoridades nacionales de competencia y la Comisión pueden presentar observaciones a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros cuando así lo exija la aplicación coherente de los artículos 101 o 102 del TFUE. Con el fin de que la Comisión pueda presentar observaciones útiles, podrá solicitar a los órganos jurisdiccionales que le transmitan copia de los documentos necesarios para la valoración del asunto.

La obligación de cooperación leal implica asimismo que las autoridades de los países de la UE deben asistir a la Comisión en el cumplimiento de su misión. El Reglamento nº 1/2003/CE ofrece tres ejemplos de esta asistencia:

  • Transmisión de los documentos necesarios para la valoración de un asunto en el que la Comisión desearía presentar observaciones.
  • Transmisión de las sentencias que aplican los artículos 101 o 102 del TFUE. Con arreglo al apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 1/2003/CE, los países de la UE remitirán a la Comisión una copia del texto de las sentencias de los tribunales nacionales en las que se pronuncien sobre la aplicación de los artículos 101 o 102 del Tratado. Dicha copia se remitirá sin dilación tras la notificación a las partes del texto íntegro de la sentencia.
  • Participación en las inspecciones. La Comisión puede pedir a los órganos jurisdiccionales nacionales que participen en una inspección de empresas o de asociaciones de empresas.

Si bien el intercambio de información puede ser clave en la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales, nunca debe hacerse en detrimento del respeto del secreto profesional (artículo 339 del TFUE, antiguo artículo 287 del TCE). Aunque la obligación de cooperación leal obligue a la Comisión a proporcionar a los jueces nacionales todos los datos que soliciten, la Comisión puede negarse a transmitirlos cuando el órgano jurisdiccional no garantice la protección de la información confidencial y el secreto profesional. La Comisión puede igualmente negarse a comunicar información con objeto de preservar los intereses de la UE.

La Comisión publicará un resumen de su cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales, conforme la presente comunicación, en su informe anual sobre la política de competencia. También podrá accederse a sus dictámenes y sus observaciones en su sitio Internet.

Contexto

La presente Comunicación sustituye a la Comunicación de 1993 sobre la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CEE.

Términos clave del acto
  • Los «órganos jurisdiccionales de los países de la Unión Europea» son los jueces y tribunales de un país de la Unión Europea que pueden aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE y acudir al Tribunal de Justicia Europeo con carácter prejudicial en aplicación del artículo 267 del TFUE.
Última modificación: 22.02.2011
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