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Aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE (antiguos artículos 81 y 82 del Tratado CE)

El objetivo del nuevo régimen de aplicación de la normativa antimonopolio, establecido por el Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, es garantizar un mayor respeto de las normas de competencia de la Unión Europea (UE) en interés de los consumidores y de las empresas, aligerando al mismo tiempo el peso burocrático que sufren las empresas con actividades en Europa. Este Reglamento, que se basa en la aplicación descentralizada de las normas de competencia y en un mayor control a posteriori, reducirá la carga administrativa de la Comisión, lo que le permitirá concentrar sus recursos en la persecución de infracciones más graves de las normas de competencia. Asimismo, aumentará el papel de las autoridades de competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales en la ejecución del Derecho de competencia de la UE, garantizando al mismo tiempo su aplicación efectiva y uniforme.

ACTO

Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

Este Reglamento, adoptado por el Consejo el 16 de diciembre de 2002 para la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (antiguos artículos 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea [Tratado CE]), sustituyó al Reglamento (CEE) nº 17/62, a partir del 1 de mayo de 2004.

El Reglamento n° 17/62 establecía un sistema de control centralizado según el cual los acuerdos susceptibles de limitar y afectar el comercio entre países de la UE debían notificarse a la Comisión para poder beneficiarse de una exención. Esta competencia exclusiva de la Comisión para autorizar acuerdos restrictivos de la competencia que cumple las condiciones del apartado 3 de artículo 81 del Tratado CE, condujo a las sociedades a notificar una multitud de acuerdos, lo que minó los esfuerzos de promover una aplicación rigurosa y descentralizada de las normas en materia de competencia de la UE.

Con el fin de simplificar los trámites administrativos a las empresas y permitir a la Comisión realizar a largo plazo una acción más eficaz contra infracciones graves de las normas de competencia, la Comisión emprendió, con la publicación del Libro Blanco de 1999, un largo proceso de reforma que desembocó en la publicación del presente Reglamento.

Esta reforma supone el paso de un sistema de autorización centralizado de notificación previa por parte de la Comisión a un sistema de excepción legal que, basado en la aplicación descentralizada de las normas de competencia de la UE y en el refuerzo del control a posteriori, permite por una parte reducir el trabajo de la Comisión y por otra aumentar el papel de las autoridades de competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación del derecho de competencia de la UE, garantizando al mismo tiempo su aplicación efectiva y uniforme.

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento se refiere a las normas de aplicación de las disposiciones del TFUE en los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas susceptibles de limitar la competencia (artículo 101 TFUE) y los abusos de posición dominante (artículo 102 TFUE).

Cooperación entre la Comisión y las autoridades de competencia y los órganos jurisdiccionales de los países de la UE

El sistema de excepción legal establecido por el presente Reglamento tiene como efecto directo hacer responsables a las empresas que, al no estar ya obligadas a notificar previamente a la Comisión, deberán de buena fe garantizar que estos acuerdos no afectan a la libre competencia y no infringen las normas de la UE en esta materia. No obstante, con el fin de evitar todo abuso, las autoridades europeas de competencia - incluida la Comisión - y los órganos jurisdiccionales nacionales adquieren una mayor responsabilidad en cuanto a la vigilancia del respeto de las normas de competencia de la UE garantizando al mismo tiempo la coordinación de sus acciones. Para facilitar esto, conviene fomentar el intercambio de información entre las distintas instituciones.

Con el fin de facilitar el intercambio de información entre las autoridades de competencia en Europa, el Reglamento prevé la creación de una red europea de competencia que englobará a las autoridades nacionales competentes en la materia y a la Comisión. Esta red permitirá el intercambio de información, incluida la de carácter confidencial, que pueda ayudar a corregir las violaciones a las normas de competencia. La Comisión se encarga de transmitir una copia de los documentos más importantes y se compromete a proporcionar, a petición de las autoridades de competencia, todo escrito necesario para valorar el asunto que les concierne. Las autoridades nacionales de competencia, por otra parte, están obligadas a informar a la Comisión de toda decisión de prohibición o compromiso referente a la aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE, y de toda decisión en virtud de la cual se retire el beneficio de un reglamento de exención por categorías, a más tardar treinta días antes de su adopción.

Con el fin de evitar que se produzcan repeticiones y garantizar una aplicación uniforme y coherente del derecho europeo de competencia, el presente Reglamento mantiene la norma según la cual las autoridades nacionales de competencia se inhiben automáticamente cuando la Comisión inicia un procedimiento. Por otra parte, ésta se compromete a consultar a la respectiva autoridad nacional antes de iniciar el procedimiento. Además cuando se presenta ante una autoridad de competencia de un país de la UE o la Comisión una denuncia contra un acuerdo, una decisión de asociación o una práctica concertada que está siendo o ya ha sido tratada por otra autoridad de competencia, podrán suspender su procedimiento o rechazar la denuncia.

Por su parte, la Comisión, antes de tomar la decisión de cursar una orden de poner fin a una infracción, de hacer vinculantes los compromisos propuestos por las empresas, de determinar que el artículo 101(1) TFUE no es de aplicación o de imponer una multa sancionadora o una multa coercitiva a las empresas, consultará mediante reunión o procedimiento escrito al Comité Consultivo de acuerdos y posiciones dominantes. Este Comité, compuesto de representantes de las autoridades nacionales de competencia, es la instancia que examina los asuntos que son tratados por las autoridades europeas de competencia.

Por último, por lo que se refiere a la cooperación que debe existir entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales, el presente Reglamento dispone que estos últimos podrán pedir a la Comisión que les informe o presente un dictamen respecto a las cuestiones relativas a la aplicación de las normas de competencia de la UE. Por otra parte, los países de la UE se comprometen a transmitir a la Comisión copia de toda sentencia escrita dictada por órganos jurisdiccionales nacionales que se pronuncien sobre la aplicación del artículo 101 o 102 TFUE. El presente Reglamento prevé también la posibilidad de que la Comisión y las autoridades nacionales de competencia formulen observaciones escritas u orales ante los órganos jurisdiccionales nacionales respecto a asuntos relativos a la aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE.

Poderes de la Comisión Europea

Con el fin de velar por la aplicación de las normas de competencia en acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones y prácticas concertadas (artículo 101) y abusos de posición dominante (artículo 102), susceptibles de limitar la competencia, la Comisión dispone de varios poderes de asumir decisiones, realizar investigaciones e imponer sanciones. La Comisión ejerce estos poderes cuando, previa denuncia o de oficio, considera caso por caso una violación de los artículos 101 y 102 TFUE.

En virtud del presente Reglamento, la Comisión podrá a asumir por sí sola las siguientes decisiones:

  • constatar y poner fin a una infracción: cuando la Comisión constate que se vulneran las disposiciones de los artículos 101 o 102 TFUE, podrá por medio de una decisión obligar las empresas y asociaciones de empresas concernidas a poner fin a la infracción comprobada o constatar que se ha hecho;
  • pedir medidas provisionales: en casos de urgencia justificada, la Comisión podrá, actuando de oficio y a raíz de una primera acta de infracción, pedir medidas provisionales;
  • carácter obligatorio de los compromisos: cuando prevea adoptar una decisión para poner fin a una infracción y las empresas concernidas ofrezcan compromisos al objeto de que responder a las objeciones, podrá hacer estos compromisos obligatorios durante un período determinado. La Comisión podrá abrir de nuevo el procedimiento cuando la situación de hecho cambie, cuando las empresas en cuestión contravengan sus compromisos o cuando la decisión se base en información incompleta, inexacta o desvirtuada;
  • establecer la inaplicabilidad de los artículos 101 y 102 TFUE: la Comisión podrá, por razones de interés público de la UE, constatar que en función de los elementos de los que tenga conocimiento, el artículo 101 es inaplicable a un acuerdo, una decisión de asociación de empresas o una práctica concertada, ya sea porque no se cumplen las condiciones del apartado 1 del artículo 101, o porque se dan las condiciones de exención del apartado 3 del artículo 101. Podrá hacer lo mismo en los casos de posiciones dominantes contemplados en el artículo 102 .

Para garantizar el buen desarrollo del derecho de defensa, antes de tomar una decisión, la Comisión ofrece a las empresas y asociaciones de empresas concernidas la ocasión de dar a conocer su opinión respecto a las objeciones formuladas en su contra. Las partes interesadas disponen por otro lado del derecho de acceso al expediente de la Comisión a condición de que no se revelen los secretos de los asuntos. Sin embargo, con el fin de garantizar el respeto del secreto profesional, cualquier información solo podrá utilizarse con el objetivo para el cual se obtuvo. La Comisión y las autoridades de competencia nacionales por otra parte no podrán revelar la información que obtuvieron o intercambiaron.

La Comisión dispone de los siguientes poderes de investigación:

  • llevar a cabo investigaciones sectoriales: cuando la evolución de los intercambios entre países de la UE, la rigidez de los precios u otras circunstancias hagan suponer que la competencia está restringida o falseada en el mercado común, la Comisión podrá investigar un sector económico o un tipo concreto de acuerdos en distintos sectores:
  • pedir información: la Comisión podrá, mediante simple demanda o por vía de decisión, solicitar la información necesaria a las empresas y asociaciones de empresas para realizar las tareas asignadas por este Reglamento. Toda persona física o jurídica susceptible de disponer de información útil deberá proporcionar la información pedida. La Comisión podrá también pedir toda la información necesaria para realizar estas tareas a los gobiernos y a las autoridades nacionales de competencia;
  • recoger declaraciones: la Comisión podrá interrogar a toda persona física o jurídica que lo acepte;
  • proceder a una inspección: las empresas y asociaciones de empresas deberán someterse a las inspecciones que la Comisión considere necesarias. Sus agentes están investidos de los siguientes poderes:
    1. acceder a los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas y asociaciones de empresas;
    2. acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas y asociaciones de empresas, incluidos los domicilios de los directivos, gerentes y otros miembros del personal, cuando exista la sospecha razonable de que en ellos hay libros u otros documentos profesionales relacionados con el objeto de la inspección;
    3. controlar los libros así como cualquier otra documentación profesional;
    4. tomar copia o extracto de dichos libros o documentos;
    5. precintar todos los locales o documentos profesionales durante la duración de la inspección;
    6. pedir información a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o asociación de empresas y registrar sus respuestas.

Los inspectores por la Comisión ejercerán sus poderes mediante la presentación de un mandato escrito en el que se indique el objeto y la finalidad de la inspección así como las posibles sanciones. La Comisión informará a su debido tiempo a la autoridad de competencia del país de la UE en cuyo territorio se haga la inspección. La autoridad de competencia de un país de la UE podrá también proceder en su territorio a toda medida de investigación en aplicación del Derecho nacional en nombre y por cuenta de la autoridad de competencia de otro país de la UE o, previa petición de la Comisión, llevar a cabo una inspección con el fin de establecer una infracción de los artículos 101 o 102 TFUE.

La Comisión podrá imponer a las empresas y asociaciones de empresas las siguientes sanciones:

  • Multas: la Comisión podrá imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas de hasta un 1 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior cuando, deliberadamente o por negligencia:
    1. proporcionen información inexacta, incompleta o desvirtuada en respuesta a una demanda hecha o no lo hagan en los plazos fijados;
    2. presenten, en inspecciones efectuadas, libros u otros documentos profesionales requeridos de manera incompleta o no los sometan a las inspecciones pedidas;
    3. se nieguen a responder a una cuestión planteada durante una inspección o respondan de manera inexacta, incompleta o desvirtuada;
    4. se rompan los precintos puestos por los inspectores de la Comisión.

    La Comisión podrá, además imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas de hasta un 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior por cada una de las empresas que cometan una infracción de las disposiciones de los artículos 101 o 102 TFUE; cuando contravengan una decisión que ordene medidas provisionales; cuando no respeten un compromiso hecho obligatorio por una decisión de la Comisión.

    Para determinar el importe de la multa, la Comisión tendrá en cuenta la gravedad y la duración de la infracción. Cuando la multa se imponga a una asociación de empresas y ésta es insolvente, la Comisión podrá exigir el pago a cada una de las empresas que eran miembros de la asociación en el momento de la infracción. La responsabilidad financiera de cada empresa no podrá exceder el 10 % de su volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior. Las decisiones de imposición de multa no tienen carácter penal.

  • Multas coercitivas: la Comisión podrá también imponer a las empresas y asociaciones de empresas de las multas coercitivas de hasta un 5 % del volumen de negocios diario medio realizado durante el ejercicio social anterior al día retraso a partir de la fecha fijada en su decisión para obligarlos a:
    1. poner fin a una infracción;
    2. respetar una decisión que imponga medidas provisionales;
    3. respetar un compromiso hecho obligatorio;
    4. proporcionar de manera completa y exacta una información pedida;
    5. someterse a una inspección pedida.

    Cuando las empresas satisfagan las obligaciones por las que la multa coercitiva se impuso, la Comisión podrá decidir reducir el importe definitivo.

El poder de la Comisión para imponer multas o multas coercitivas tiene un plazo de prescripción de tres o cinco años, en función de la infracción cometida. La prescripción, que comenzará a partir del día en que la infracción fue cometida, se interrumpirá por cualquier acto de la Comisión o de una autoridad nacional de competencia sobre la continuación de la infracción. La prescripción se suspenderá cuando la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia. Por el contrario, en cuanto a la ejecución de las sanciones, la prescripción es de cinco años.

El Tribunal de Justicia revisa las decisiones de la Comisión y puede pronunciarse contra las mismas cuando conlleven la imposición de una multa o multa coercitiva.

Reglamentos de exención por categorías

Los distintos reglamentos atribuyen a la Comisión competencias en sus respectivos ámbitos legales para adoptar reglamentos en virtud de los cuales se declare el artículo 101(1) TFUE inaplicable en el caso de algunos tipos de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas (reglamento de exención por categorías). Entre estos Reglamentos, se encuentran los siguientes:

  • Reglamento (CEE) n° 19/65 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas;
  • Reglamento (CEE) n° 2821/71 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas;
  • Reglamento (CEE) nº 487/2009 de 25 de mayo de 2009 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas en el sector del transporte aéreo;
  • Reglamento (CEE) n° 1534/91 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros;
  • Reglamento (CE) nº 246/2009 de 26 de febrero de 2009 sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea (consorcios).

Cuando a pesar de todo, los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas a los que se aplican dichos reglamentos produzcan efectos negativos incompatibles con el apartado 3 del artículo 101 TFUE, la Comisión y las autoridades nacionales de competencia deben estar facultadas para retirar en casos concretos el beneficio del reglamento de exención por categorías, ya sea de oficio o previa denuncia.

Disposiciones modificativas

El presente Reglamento modifica los siguientes reglamentos:

  • Reglamento (CEE) n° 1017/68 por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable;
  • Reglamento (CEE) nº 2988/74 relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia;
  • Reglamento (CEE) n° 4056/86 por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado a los transportes marítimos;
  • Reglamento (CEE) nº 3975/87 por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo;
  • Reglamentos (CEE) n° 19/65, n° 2821/71 y nº 1534/91 relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas;
  • Reglamento (CEE) Nº 17/62 relativo a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado.

El presente Reglamento revoca el Reglamento (CEE) nº 141/62 por el que se exime el transporte de la aplicación del Reglamento del Consejo nº 17.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorTransposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Reglamento (CE) 1/2003

24.1.2003

-

DO L 1 de 4.1.2003

Acto(s) modificativo(s)Entrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Reglamento (CE) 411/2004

9.3.2004

-

DO L 68 de 6.3.2004

Reglamento (CE) n° 1419/2006

18.10.2006

-

DO L 269 de 28.9.2006

Las modificaciones y correcciones sucesivas del Reglamento (CE) nº 1/2003 se han integrado en el texto de base. Esta versión consolidada solo tiene valor documental.

ACTOS CONEXOS

Reglamento (CE) nº 773/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [Diario Oficial L 123 de 27.4.2004].
Este Reglamento establece normas precisas respecto a toda una serie de importantes aspectos de los procedimientos tramitados por la Comisión tales como audiencias, denuncias o acceso al expediente. Sustituye al Reglamento (CE) nº 2842/98 de la Comisión de 22 de diciembre de 1998 relativo a las audiencias en determinados procedimientos en aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE.
Véase la versión consolidada

Última modificación: 14.03.2011
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