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La UE en breve

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Libertad, seguridad y justicia
  • La apertura de las fronteras interiores entre los Estados miembros de la UE constituye una ventaja sumamente tangible para los ciudadanos de la Unión, que ahora pueden viajar libremente sin estar sujetos a controles fronterizos.
  • Con todo, esta libertad de movimiento debe ir acompañada del refuerzo de los controles en las fronteras exteriores de la UE, con el fin de luchar eficazmente contra el tráfico de personas y estupefacientes, la delincuencia organizada, la inmigración ilegal y el terrorismo.
  • Los países de la UE cooperan en el ámbito policial y judicial con el fin de hacer de Europa un lugar más seguro.

 

Los ciudadanos europeos tienen derecho a vivir en libertad, sin temor a sufrir persecución o violencia, dondequiera que se encuentren en la Unión Europea. Sin embargo, la delincuencia y el terrorismo internacional se cuentan entre los fenómenos que más preocupan a los europeos de hoy en día.

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea no contemplaba la integración en el ámbito de justicia e interior. No obstante, con el devenir del tiempo, se ha puesto de manifiesto que la libertad de circulación implica una misma seguridad y un mismo acceso a la justicia para todos en todo el territorio de la Unión Europea. La creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia se ha impuesto al cabo de los años a través de sucesivas modificaciones de los Tratados constitutivos, introducidas por el Acta Única, el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht) y el Tratado de Amsterdam.

I. Circular libremente

La libre circulación de las personas plantea a los Gobiernos de los Estados miembros problemas de seguridad derivados de la supresión de los controles en las fronteras. Para compensar esta pérdida de control se requieren medidas de seguridad adicionales en las fronteras exteriores de la UE. Los delincuentes también pueden aprovecharse de la libre circulación en el territorio de la UE, por lo que es necesaria la cooperación policial y judicial para combatir la delincuencia transfronteriza.

Una de las iniciativas más importantes para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos en la Unión Europea tiene su origen en un acuerdo intergubernamental firmado entre Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos, en la pequeña ciudad fronteriza luxemburguesa de Schengen en 1985. Mediante este acuerdo, dichos países accedieron a suprimir los controles de las personas, con independencia de la nacionalidad, en sus fronteras comunes, a armonizar los controles en sus fronteras con países no pertenecientes a la UE y a introducir una política común de visados. De este modo se creó un espacio sin fronteras interiores que pasaría a denominarse el espacio Schengen.

Hoy en día, el acervo de Schengen y todo su Derecho derivado se han integrado plenamente en los Tratados de la UE, y el espacio Schengen se ha ido ampliando progresivamente. A finales de 2007 todos los países miembros formaban parte del espacio Schengen con excepción de Irlanda, Reino Unido, Chipre, Bulgaria y Rumanía, a los que hay que añadir a Islandia y Noruega, que no son países miembros de la UE pero aplican plenamente la normativa de Schengen.

II. Política de asilo e inmigración

Europa está orgullosa de su tradición humanitaria de acoger a los extranjeros y dar asilo a los refugiados amenazados y perseguidos. Los Gobiernos de la UE se enfrentan a la cuestión apremiante de cómo reaccionar, en un espacio sin fronteras interiores, a un número creciente de inmigrantes, tanto legales como ilegales.

Los Gobiernos de la UE han acordado armonizar sus normas para que las solicitudes de asilo se examinen de conformidad con un conjunto de principios de base uniformemente reconocidos en la Unión Europea. En 1999 se fijaron el objetivo de dotarse de un procedimiento de asilo comúnDeutshEnglishFrançais y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo. Ya se han adoptado algunas medidas de carácter técnico, como el establecimiento de normas mínimas para la admisión de solicitantes de asilo y para la concesión del estatuto de refugiado.

Se ha creado el Fondo Europeo para los Refugiados, dotado de un presupuesto anual de 114 millones de euros. Con todo, y pese a la intensa cooperación entre los gobiernos nacionales, la creación de una verdadera política europea de asilo e inmigración sigue siendo una asignatura pendiente.

III. Combatir la delincuencia y el terrorismo internacional

Para que la política de asilo e inmigración sea viable, la UE debe dotarse de un sistema eficaz para gestionar los flujos migratorios, llevar a cabo controles en las fronteras exteriores y luchar contra la inmigración clandestina. Es necesario un esfuerzo de coordinación para combatir las redes clandestinas que trafican con seres humanos y explotan a seres humanos vulnerables, especialmente mujeres y niños.

Joven triste © International Organization for migration
Los traficantes de personas explotan a los más vulnerables.
La cooperación policial es indispensable.

La delincuencia organizada recurre a métodos cada vez más sofisticados y utiliza normalmente redes europeas o internacionales para sus actividades. El terrorismo ha demostrado claramente que puede actuar, con gran brutalidad, en cualquier lugar del mundo.

Este es el contexto en el que se estableció el Sistema de Información de Schengen (SIS). Se trata de una compleja base de datos que permite que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales puedan intercambiar información sobre personas sobre las que pesa una orden de busca y captura o de extradición y sobre objetos robados, como vehículos u obras de arte.

Uno de los mejores métodos para capturar a los criminales es seguir la pista de los beneficios obtenidos de manera ilegal. Por esta razón, así como para impedir la financiación de las organizaciones criminales y terroristas, la UE está elaborando legislación para evitar el blanqueo de dinero.

Con todo, el principal avance registrado en estos últimos años en materia de cooperación entre las fuerzas del orden ha sido la creación de Europol , órgano perteneciente a la UE, con sede en La Haya, que está integrado por funcionarios policiales y aduaneros. Entre sus cometidos figuran: el tráfico de estupefacientes y de vehículos robados, la trata de seres humanos y las redes de inmigración ilegal, la explotación sexual de mujeres y niños, la pornografía, la falsificación, el tráfico de material radiactivo y nuclear, el terrorismo, el blanqueo de dinero y la falsificación del euro.

IV. Hacia un espacio judicial común

En la actualidad, en la Unión Europea existen múltiples sistemas judiciales diferentes que operan dentro de sus fronteras nacionales. Si lo que se pretende es que los ciudadanos de la Unión compartan un mismo sentido de la justicia, su sistema judicial debe facilitarles la vida en lugar de complicársela.

El ejemplo más significativo de cooperación operativa en este ámbito es el trabajo realizado por Eurojust , una estructura central de coordinación fundada en La Haya en 2003, cuya finalidad es permitir que funcionarios de la policía judicial y fiscales puedan colaborar en la investigación de delitos que afecten a varios países de la UE.

Con la orden de detención europea , en vigor desde enero de 2004, se pretende poner fin a los dilatados procedimientos de extradición.

El carácter transfronterizo de la delincuencia y el terrorismo exige la implantación progresiva de una política penal común de la Unión, puesto que la cooperación judicial puede verse obstaculizada por las diferentes tipificaciones de las conductas delictivas. El objetivo es dotar a la Unión de un marco jurídico común para luchar contra el terrorismo, de manera que se garantice a sus ciudadanos un elevado nivel de protección, y reforzar la cooperación internacional en este ámbito.

Por lo que respecta al Derecho civil, la UE ha adoptado legislación destinada a facilitar la aplicación de los fallos judiciales en los procesos transfronterizos relacionados con divorcios, separaciones, custodia de hijos y pago de pensiones alimenticias, de tal forma que las sentencias dictadas en un país sean aplicables en otro. La UE ha establecido procedimientos comunes para simplificar y acelerar la resolución de procesos transfronterizos en el caso de demandas civiles no disputadas y de poca entidad, como el cobro de deudas y los procedimientos de quiebra.

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